diciembre 13, 2017

Abolición del delito de desacato

 

POR LIC. MARIO FUENTES DESTARAC
PRESIDENTE DE CÁMARA GUATEMALTECA DE PERIODISMO

El delito de desacato, llamado antiguamente de deshonra, tiene su origen en Roma y penalizaba el agravio causado a la persona del Emperador.

Comete el delito de desacato quien ofende la dignidad o el decoro, falta el respeto, amenaza, injuria o calumnia a un funcionario, empleado o autoridad pública, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya sea de palabra o de hecho, en su presencia, por escrito o a través de un medio de comunicación social.

Quienes defienden la vigencia de este delito afirman que, al protegerse a los funcionarios y empleados públicos contra la expresión ofensiva y la crítica, estos quedan en libertad de desempeñar sus funciones y, por tanto, se permite una gestión gubernativa armónica; y que, además, se protege el orden público, porque la crítica a los funcionarios o autoridades puede tener un efecto desestabilizador, en vista que la misma no solamente afecta a la persona del funcionario, sino que también perjudica al cargo y a la función pública.

Por el contrario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que “la amenaza de responsabilidad penal por deshonrar la reputación de un funcionario público, inclusive como expresión de un juicio de valor o una opinión, puede utilizarse como método para suprimir la crítica y los adversarios políticos”. Asimismo, dicha Comisión entiende que “las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas- al escrutinio y la crítica del público (…) Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica”.

En ese mismo orden de ideas, el principio X de la Declaración de Chapultepec, que consagra los principios que enmarcan y definen en todos sus alcances a la libertad de expresión de ideas, adoptada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dice: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Asimismo, el numeral 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH reza: “Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como “leyes de desacato” atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal contenían los delitos de desacato contra los Presidentes de los Organismos del Estado y contra cualquier funcionario o autoridad pública, y sancionaba a los responsables de la comisión de los mismos con prisión. No obstante, los artículos 35, párrafo segundo, de la Constitución y 35 de la Ley de Emisión del Pensamiento establecen que no constituyen delito o falta (calumnia o injuria) las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, aún cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles algún señalamiento.

Por consiguiente, los citados artículos del Código Penal, que tipificaban el delito de desacato, eran claramente incompatibles con lo que ordenan los artículos 35, párrafo segundo, de la Constitución y 35 de la Ley de Emisión de Pensamiento; y, por ende, nulos de pleno Derecho. Por tanto, en su oportunidad fueron impugnados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo.

 

La CC, en sentencia de fecha 1 de febrero del 2006 recaída en el expediente # 1122-2005, declaró inconstitucionales los artículos 411, 412 y 413 del Código Penal y los expulsó del ordenamiento jurídico penal. Dichas disposiciones legales quedaron sin vigencia a partir de que dicha sentencia fue publicada en el Diario de Centro América (Oficial) el 12 de abril de 2006.

En dicha sentencia, la CC expresa: “(…) aplicando un elemental principio de realismo, resulta insoslayable que la expectativa de ser sancionado penalmente por expresar opiniones puede desalentar a un particular a expresar éstas; de manera que si bien la normativa penal no contempla una censura expresa, sí puede motivar a una autocensura del propio ciudadano en asuntos sobre los cuales, en un sistema democrático, se requiere de su expresión crítica para motivar el correspondiente escrutinio de la función pública”.

En el fallo también se afirma: “Por previsión expresa del segundo párrafo del artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, debe precisarse que la responsabilidad que pudiera imputarse a una persona por haber realizado una crítica, señalamiento o imputación que pueda ser considerada como infamante por parte de un funcionario público, debe ser de tipo civil”.

La citada sentencia fue bienvenida por la comunidad nacional e internacional, ya que, a través de ella, se suprimieron los referidos delitos de desacato en Guatemala, sentando un precedente valiosísimo para la libertad de expresión de ideas en nuestro país.

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