
El Congrego tendrá que analizar las actuaciones de financiamiento electoral, si corresponde a una pena de tipo administrativa o relacionada al crimen organizado. De 16 países latinoamericanos, el financiamiento electoral anónimo de fuentes lícitas tiene penas administrativas en 11 países, agregó. Jorge Rolando Barrios, ex presidente del CANG y del CEDECOM
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