diciembre 11, 2017

Delegados de Naciones Unidas y de la CIDH condenan impunidad de crímenes contra periodistas en México

El panorama para los periodistas en México es cada vez más desolador. Las agresiones y las amenazas en su contra se han incrementado sin que la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) haya logrado castigar a los culpables de los asesinatos y las desapariciones en estos últimos siete años, concluyeron los relatores especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 Los expertos, que durante una semana se reunieron con más de 250 periodistas y activistas de 21 estados del país, propusieron al Gobierno mexicano la creación de un consejo independiente que le dé seguimiento a los casos de crímenes contra periodistas a fin de acabar con la impunidad.
La última visita de los titulares de las relatorías de la ONU y la CIDH fue en 2010. Edison Lanza, de la CIDH, recordó que entonces sus antecesores le habían recomendado al Gobierno mexicano la construcción de instituciones para atender la violencia contra los comunicadores. En atención a estas sugerencias en 2012 se creó el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Aunque el mecanismo está funcionando, alertó que tardó en ponerse en marcha y que recibe recursos insuficientes. “El mecanismo necesita más recursos, es absurdo que para la disminución del problema tenga los recursos que tenga, debe tener más analistas de riesgo, y algunos de ellos radicados en los lugares más sensibles”, manifestó.
El relator también destacó que el mecanismo debe brindar una atención integral a los periodistas desplazados y para ello pidió la colaboración de los propietarios de medios de comunicación. “Cuando un periodista desplazado por la violencia, logra salir de la primera situación crítica, luego pierde el trabajo y eso es inaceptable”, expuso. Si esa persona fue desplazada por cubrir una situación de riesgo para un medio de comunicación, la empresa debe mantenerlo y darle otras tareas, mientras que el Estado debe brindar una atención integral a él y su familia.
Desde la última visita de 2010 hasta ahora, pese a la creación de las instituciones acordadas, como la Feadle -que depende de la Fiscalía general (PGR)- y el Mecanismo -que depende de la Secretaría de Gobernación (Interior)-, la situación de violencia no se ha mitigado, denunciaron. “Estas instituciones no han tenido la eficacia que se quería”, expresó Lanza. Por el contrario, los últimos dos años han sido todavía más complicados para la prensa. (Con información de la SIP).

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