octubre 22, 2017

Presidente Morales promete a la CIDH aprobar el Programa de Protección a Periodistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el contenido del Programa de Protección a Periodistas de Guatemala debe estar en concordancia con los parámetros internacionales en derechos humanos y debe ser consultado con las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y empleados de medios de comunicación.

En su informe preliminar,  la Comisión destacó que durante la reunión que sostuvo con el presidente Jimmy Morales, anunció que pronto se aprobará un programa de protección de periodistas y comunicadores sociales, tema en el que se viene trabajando en consulta con organizaciones gremiales.

En reiteradas ocasiones, la CIDH; su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han recomendado la creación de un programa para la protección de periodistas y trabajadores de medios, señaló el organismo.

Las observaciones preliminares de la Comisión destacan además que el país vive un contexto de violencia contra periodistas, caracterizado por asesinatos y amenazas, así como por múltiples casos de agresiones y ataques registrados durante el transcurso del 2017.

Periodistas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión denunciaron un aumento de las amenazas y estigmatización mediante las redes sociales, agresiones de la fuerza pública y un clima de fuerte polarización política y social que también permea el ejercicio periodístico, en particular al de opinión.

Denunciaron además que los políticos locales, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y el crimen organizado forman parte de los factores de intimidación hacia la prensa en el interior del país.

La CIDH indicó que, de acuerdo a información que recibió, solo durante entre 2016 y 2017 ocurrieron 11 asesinatos de comunicadores sociales en todo el país; la fiscalía indicó que actualmente se encuentran en una etapa inicial de investigación penal 170 procesos en la unidad de delitos comunes y 24 casos en la agencia de delitos contra la vida de la Unidad de Delitos contra Periodistas.

El organismo destacó los avances alcanzados en la investigación por el asesinato de Danilo López y Federico Salazar, ambos asesinados el 10 de marzo del 2015 en el departamento de Suchitepéquez, no obstante, mostró su preocupación porque el principal sospechoso material del crimen, el diputado oficialista Julio Juárez, aun no haya sometido a la justicia debido a una serie de procedimientos dilatorios que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).´

En el tema de avance a la justicia por crímenes contra la vida resaltan también las sentencias alcanzadas por la Unidad de Delitos contra Periodistas en contra de dos personas acusadas de asesinar a dos comunicadores durante el año pasado.

La Comisión saludó el fortalecimiento a esta oficina especializada en investigar casos contra periodistas, así como el establecimiento en mayo de este año de una Agencia Fiscal con sede en el departamento de Quetzaltenango.

En el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, el organismo mostró su grave preocupación por la inexistencia de avances en la obligación asumida por el Estado, en múltiples ocasiones, para reconocer legalmente al sector de radiodifusión comunitaria e implementar la asignación efectiva de licencias para que las comunidades, en particular las indígenas, puedan gestionar sus radios, expresarse en sus idiomas y promover su cultura.

Mientras no existe un marco normativo de políticas para hacer efectiva la incorporación de los pueblos indígenas a la radiodifusión, la persecución de las denominadas radios “ilegales” continúa, denunció la Comisión.

Aunque en algunos casos la persecución se dirigió a radios comerciales no autorizadas, en otros también incluyó a emisoras comunitarias indígenas que mantienen al aire pequeñas radios, pese a los obstáculos para accede a frecuencias, añadió.

La CIDH indicó que también tuvo conocimiento que el Congreso se encontraba estudiando en tercera fase la iniciativa 4087 “Ley de Medios de Comunicación Comunitaria”, sin embargo el proyecto fue rechazados de forma acelerada por una mesa técnica de ese organismo, argumentando que carecía de sustento técnico y que se trataba de una iniciativa “inoportuna” e “inconstitucional”.

En este sentido, la Comisión recomendó adoptar las medidas legislativas y políticas públicas para reconocer y hacer efectivo el acceso de los medios comunitarios a frecuencias y licencias de radiotelevisión, en tanto las autoridades deben abstenerse de perseguir penalmente a las emisoras comunitarias.

La Alianza de entidades de Prensa, conformada por 16 asociaciones y cámaras de periodistas y comunicadores sociales, así como por un ente especializado en la defensa de la libertad de expresión, presentaron ante la CIDH su solicitud para que se instara al gobierno a adoptar el programa.

Cerigua, entidad que propuso la creación del programa en 2012 y ha demando durante todo este tiempo su creación y miembro de la alianza, envió al Relator, Doctor Edison Lanza, documentación sustentada sobre los riesgos que enfrentan los periodistas y comunicadores, datos sobre periodistas asesinados, lugares donde han ocurrido los asesinatos y una información ilustrativa sobre los hechos de violencia en contra de la prensa. (CERIGUA)

 

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